Violencia, desplazamiento y trauma: cómo el conflicto armado está destruyendo la calidad educativa y afectando la salud mental de estudiantes y docentes en una de las regiones más vulnerables de Colombia.
La reciente intensificación del conflicto armado en la región del Catatumbo, Colombia, ha generado una crisis humanitaria sin precedentes, afectando gravemente el sector educativo. Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han dejado más de 80 muertos y han desplazado a aproximadamente 11.000 personas, muchas de las cuales han buscado refugio en instalaciones como el estadio General Santander de Cúcuta
Esta situación ha obligado al cierre de instituciones educativas, dejando a miles de estudiantes sin acceso a la educación y exponiéndolos a experiencias traumáticas que pueden tener efectos duraderos en su desarrollo académico y personal.
La exposición constante a la violencia y el desplazamiento forzado incrementan significativamente el riesgo de que estudiantes y docentes desarrollen trastornos de salud mental, como el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Estudios realizados en Colombia han evidenciado una alta prevalencia de TEPT en poblaciones afectadas por el conflicto armado, manifestándose en síntomas como ansiedad, depresión y alteraciones del estado de ánimo
Estas afecciones no solo deterioran la calidad de vida de los individuos, sino que también impactan negativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, creando un círculo vicioso que perpetúa la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.
La interrupción de la educación y el deterioro de la salud mental en zonas de conflicto como el Catatumbo representan un desafío formidable para el sistema educativo colombiano. La falta de acceso a la educación no solo limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional de los estudiantes, sino que también socava los cimientos de la cohesión social y el progreso económico en estas regiones. Además, la escasez de recursos y personal capacitado para atender las necesidades psicosociales de estudiantes y docentes agrava la situación, evidenciando la necesidad de una intervención integral y coordinada por parte del Estado y las organizaciones internacionales.
Es imperativo que el gobierno colombiano implemente políticas públicas que garanticen la protección del derecho a la educación en contextos de conflicto armado. Esto incluye la creación de protocolos de enseñanza en emergencias, la provisión de apoyo psicosocial para estudiantes y docentes, y la inversión en infraestructuras seguras que permitan la continuidad educativa
Solo a través de un compromiso decidido y acciones concretas se podrá mitigar el impacto devastador del conflicto armado en la educación y promover un futuro más esperanzador para las nuevas generaciones en el Catatumbo y en todo el país.
Profes al Aula.
Fuentes de referencia: El Colombiano. Revista CES y El País.
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